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No hay nada irregular en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett: SFP

  • Con base en la exhaustiva investigación, se concluyó que no se acreditaba la posible actuación bajo conflicto de interés, debido a que, según las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Manuel Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron, y tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con dichas empresas: Sandoval Ballesteros


La Secretaría de la #Función Pública (SFP) determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.


Se llevó a cabo una investigación profunda de tres meses de duración durante la cual se requirió información a más de una docena de instituciones públicas y se realizaron más de medio centenar de diligencias

En conferencia de prensa la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, rechazó categóricamente que la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna, y sostuvo que siempre y en todos los casos ha actuado conforme al marco normativo aplicable y así se hará hasta el fin de este gobierno.


Precisó que las declaraciones patrimoniales son declaraciones juradas y una vez que éstas son investigadas significa que la Función Pública revisará a profundidad y hasta las últimas consecuencias la información contenida, tal y como se realizó durante tres meses en el caso Bartlett Díaz, el cual requirió información de más de una docena de instituciones públicas y se realizaron más de medio centenar de diligencias.


La funcionaria federal enfatizó que esta resolución no implica una exoneración pues se investigó de forma imparcial, exhaustiva y objetiva.


Explicó que la Función Pública ha recibido 33 denuncias, conformadas por 14 anónimas presentadas ante el SIDEC, 10 alertas ciudadanas en el portal de Alertadores de la Corrupción, 3 denuncias por políticos del PAN, una por integrantes del PRD y 5 por ciudadanos que se identificaron con nombre y apellido, todas reproduciendo la información de dos reportajes periodísticos y sin aportar información complementaria o adicional que aportara más datos o elementos de prueba.


Puntualizó que de acuerdo con los hechos denunciados, la investigación tuvo como objetivo determinar si podrían haber sido cometidas faltas administrativas como actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias. Estas son faltas graves previstas en los artículos 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


Detalló que para contar con evidencia que permitiera acreditar o desvirtuar las posibles faltas administrativas, se realizaron medio centenar de diligencias y se solicitó información a 15 autoridades competentes, entre las cuales se incluyen la Contraloría Interna del Senado de la República, el Servicio de Administración Tributaria, los Registros Públicos de Propiedad de la Ciudad de México, Tabasco y Puebla.


Con base en la exhaustiva investigación, se concluyó que no se acreditaba la posible actuación bajo conflicto de interés, debido a que, según las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Manuel Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron, y tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con dichas empresas.


Respecto al posible enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, se buscó determinar si el servidor público faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses con la finalidad de ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable.


De la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.


En torno al patrimonio de su pareja, Manuel Bartlett no tenía obligación legal de declarar sus bienes, ya que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no existe entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato.


En cuanto a los bienes inmuebles a nombre de los hijos de Bartlett Díaz, la secretaria de la Función Pública aclaró que tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones patrimoniales, al ser mayores de edad y sin dependencia económica con su padre.


Acerca de la participación del director general de la CFE en diversas empresas, no se acreditó que éste haya pretendido ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable.


La secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que la ética de la Cuarta Transformación se caracteriza por ir más allá de lo estrictamente legal. Si bien la señora Julia Abdalá, su pareja sentimental, no es esposa del investigado ni su concubina, y por lo tanto no tiene obligación de declarar sus bienes, a partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con las que tenemos un vínculo sentimental. De esa manera, el licenciado Bartlett deberá rendir cuentas del patrimonio de ella.


La titular de la SFP resaltó la propuesta que personalmente hizo en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para cambiar los formatos de declaración patrimonial, con lo que a partir del próximo año todas las personas servidoras públicas, deberán declarar los bienes de sus parejas, lo que representa un importante paso hacia la transparencia.


Manifestó que bajo la nueva ética pública que impulsa el Gobierno del presidente #Andrés Manuel López Obrador, estamos moralmente obligados a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos.


La Secretaría de la Función Pública adelantó que la información de la investigación será pública para que pueda ser revisada por todos los interesados, en la medida en que no se violente el derecho a la protección de datos personales de terceros.



(Fotos SFP)

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