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Hasta ocho años de cárcel a quien defraude con facturación falsa

  • El Pleno del Senado de la República avala como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados

  • Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos


El Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.


Con 82 votos a favor y 34 en contra, el dictamen fue aprobado en lo general

En la sesión de este martes se aprobó con 82 votos a favor y 34 en contra en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.


El documento establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.


Señala como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.


Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.


Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.


Para presentarlo, la senadora Marybel Villegas Canché, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas.


Dichas empresas emiten ocho millones de facturas con lo que suman 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos, es decir, equivale a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los recursos por evasión podrían ser destinados a las entidades con mayores rezagos sociales, señaló.


La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, precisó que las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere los siete millones 804 mil 230 pesos.


En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco federal, es decir defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional, señaló.



(Fotos Senado)

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