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Opacidad e inconsistencia gubernamental a un año de los sismos: CNDH

  • Miles de personas continúan como damnificadas, pues no han sido reconstruidas un gran número de escuelas, unidades médicas y viviendas

  • No ha habido la debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales

A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los que murieron 470 personas y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, son estados donde directamente la población resulto afectada, subrayó la CNDH al afirmar que la información que ha recibido de las diferentes instancias ha sido deficientes e incompletas.

“Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera”.

Muestra de ello, dice la CNDH en su comunicado, “en la Ciudad de México, donde el entonces jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a estos hechos, y que no obstante haber sido solicitada información sobre las mismas por la CNDH se recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas”.

Refiere que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar con la CNDH al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementar las medidas requeridas en materia de auxilio y rescate de personas e investigación en los inmuebles colapsados, no obstante que es cabeza del Sistema Nacional de Protección Civil y que durante el desarrollo de la emergencia concentró y proporcionó públicamente información al respecto.


En materia de vivienda, señala, “los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU”.

La CNDH advierte que tampoco ha habido transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos; ejemplo de ello son las irregularidades advertidas en la entrega de tarjetas de recursos del FONDEN por parte de BANSEFI, consistentes en la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola persona.

“BANSEFI informó que en esos casos se hizo entrega de una sola tarjeta y que el resto permanecía bajo resguardo en la bóveda de ese banco; sin embargo, cuando la CNDH solicitó tener a la vista esas tarjetas, BANSEFI adujo el secreto bancario para evitar el acceso, lo cual es inaceptable tratándose de recursos de apoyo a la población en un asunto de trascendencia nacional”.

En el caso de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, la CNDH se observa que cuenta con más de 6 mil 855 millones de pesos en 2018 (que incluye las donaciones de particulares) y que en la plataforma pública de esa Comisión se detalla el monto aprobado para su futuro ejercicio.

“Sin embargo, no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino, por lo cual no se ha cumplido su finalidad ni se ha transparentado su ejercicio de manera clara y precisa. La misma situación de opacidad se advierte respecto de las donaciones que recibieron por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil”.


En materia educativa, las entidades federativas afectadas señalaron que 16 mil 795 escuelas fueron afectadas; de ellas, mil 521 presentaron daño total y 15 mil 274 daño parcial, mientras que el gobierno federal señaló que 14 mil 876 escuelas fueron afectadas, de ellas 200 con daño total y 14 mil 676 con daño parcial.

“Llama la atención que mientras los estados reportaron escuelas con daño total, daño parcial y daños menores (la CNDH agrupó estos dos últimos en sólo uno), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa incluyó el concepto de daño severo, lo que provoca que se tengan parámetros diferentes para determinar los daños sufridos en las escuelas”.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advierte avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre, tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir las consecuencias de los fenómenos naturales.

La CNDH destaca la necesidad de consolidar la fortaleza de las instituciones, mediante recursos y capacidades.

“Es preciso asumir que nuestro país enfrenta riesgos constantes de desastres naturales, en particular de sismos, y que la prevención de los mismos trasciende simulacros o el diseño de mecanismos de respuesta inmediata, siendo preciso ver la prevención como una pauta necesaria de conducta que debe incidir en nuestra convivencia cotidiana”.

Por todo esto, la CNDH hace un llamado a las autoridades involucradas para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a esta Comisión Nacional la información que les ha solicitado, misma que será utilizada para sustentar el pronunciamiento que en su oportunidad emitirá en los expedientes que sobre estos hechos integra”.

(Fotos Twitter)

#Nacional

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